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Texto leído en la concentración del 29 de marzo de 2016

Martes 29 de marzo de 2016.

¡NO AL DESMANTELAMIENTO DE LA ESCUELA PÚBLICA! ¡NO AL CIERRE DE AULAS!



La FAPA Francisco Giner de los Ríos le ha trasladado en varias ocasiones al Consejero de Educación y sus colaboradores que considera inaceptable la política de escolarización que se ha estado llevando a cabo en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Aunque los diferentes responsables políticos que ha tenido el Gobierno Autonómico y la Consejería de Educación durante los últimos años no han parado de lanzar a los cuatro vientos su mensaje de “libertad de elección de centro educativo”, en realidad lo que han querido siempre decir y han defendido es la libertad de los centros educativos para seleccionar a su alumnado y de las familias para poder escolarizar a sus hijos e hijas en centros educativos privados, concertados o no, cuando así lo han decidido. Porque, la práctica diaria así lo atestigua, cuando una familia quiere escolarizar a sus hijos e hijas en un centro educativo público, ese mensaje de “libertad de elección” se descubre tan falso como prohibido para dichas familias.



Cada año nos encontramos con decisiones de la Consejería de Educación que sólo buscan ir reduciendo la oferta de plazas en la red pública, con la única intención de ir adelgazando los centros educativos públicos, limitando sus posibilidades de escolarizar nuevo alumnado para, al final de dicho proceso de adelgazamiento, cerrar dichos centros, bien con la fusión con otros centros o mediante el cierre directo de los mismos.



Mientras los derechos de las familias que quieren una plaza pública para sus hijos e hijas se vulneran de forma flagrante, se abren unidades privadas concertadas, e incluso centros educativos privados concertados enteros, en las inmediaciones de los centros públicos cuyas unidades van desapareciendo de forma paralela a la apertura de estas privadas concertadas. Con ello, la Consejería de Educación, además de vulnerar el derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Española por el cual el Estado debe garantizar la educación básica gratuita mediante la existencia de una amplia y suficiente red pública, también ha infringido el propio derecho a la gratuidad al asegurar mediante esta forma de proceder el negocio de empresas que buscan ganar dinero con el derecho a la educación. Y lo infringe porque los responsables políticos de la Consejería de Educación saben, aceptan y promocionan que las familias que finalmente escolarizan a sus hijos e hijas en la red privada concertada tengan que asumir costes mensuales para unas enseñanzas básicas que deben ser gratuitas por mandato constitucional, pero que no lo serán nunca por dos razones básicas: que el negocio está montado sobre la base de vulnerar el mandato constitucional, y que la gratuidad sólo es posible por tanto si la escolarización se realiza en la red pública pero se les niega a muchas familias esta posibilidad aunque la soliciten expresamente.



La Consejería de Educación sabe de sobra que abrir unidades privadas concertadas y cerrar unidades públicas tiene unos costes muy altos y encarece el sistema educativo y social de nuestra Comunidad Autónoma, pero no le preocupa esto porque se trata precisamente de que los costes se incrementen para que tenga cabida el negocio.



Las políticas educativas desarrolladas en los últimos años han buscado simplemente garantizar la pervivencia de esta nefasta política social que trata de aplastar los derechos que nos corresponden como ciudadanos y ciudadanas libres. No estamos de acuerdo con esta forma de proceder.



Los padres y madres hemos querido dar carta de naturaleza a las palabras del actual Consejero de Educación sobre un cambio de ciclo y de políticas educativas, mediante las cuales nos ha trasladado su intención de dejar atrás un nefasto periodo político en nuestra Comunidad Autónoma en el que el diálogo de los responsables políticos con los representantes sociales brillaba por su ausencia y que, cuando se referían a las familias y al resto de la Comunidad Educativa, normalmente era con descalificaciones. Pero la realidad es que, hasta la fecha, la política de escolarización, como muchas otras, no han cambiado, siguen siendo lesivas para las familias. Es posible que ello se derive de que en la Consejería de Educación siguen estando muchas personas que forman parte del equipo anterior, lo que les lleva a mantener su forma de proceder porque quizás no sepan hacerlo de otra manera; no quieran cambiar aunque hayan recibido instrucciones de hacerlo; o sigan directrices de otras personas que entran en conflicto con las que intentan ese cambio. Sinceramente, poco importa en este momento cuál de los escenarios es el que se está dando, o si están sucediendo todos a la vez, lo único que importa es que seguimos igual y las palabras, a falta de hechos relevantes que modifiquen estas actuaciones, se las lleva el viento. Y estos hechos tienen, por supuesto, responsables directos, de los que al final hablaremos.



En los últimos meses hemos estado participando en un proceso que se ha denominado “Acuerdo para la Transformación Educativa en la Comunidad de Madrid”. Se nos pidió que nos implicáramos y lo hemos hecho, como siempre que alguien diga que intentará mejorar la educación de nuestros hijos e hijas. Dicho proceso, incompleto aún por las fases que tiene el mismo, ha pasado ya por los debates previos y por el acuerdo interno en el seno del Consejo Escolar sobre determinadas propuestas. Ahora queda, la última fase, la más importante, sentarnos a valorar el borrador de acuerdo que la Consejería de Educación nos debe trasladar a los posibles firmantes. Pero un acuerdo así no es posible en cualquier escenario y se dificulta su existencia si las políticas que se practican mientras que el mismo se negocia son incompatibles para aquellos llamados a firmarlo. Y, tenemos que decirlo bien claro en este momento, el ataque a la escuela pública es incompatible para la FAPA con cualquier acuerdo con quienes la ataquen. Si las políticas que se practican siguen por la senda de desmantelar la escuela pública, el acuerdo no podrá contar con nosotros.



Por tanto, conminamos a la Consejería de Educación a reconducir urgentemente esta situación y ponga fin definitivamente al ataque a la escuela pública que hemos comentado. No aceptamos el cierre de un centro educativo público, ni de ninguna unidad pública en estos, que no sea antes pactada con la Comunidad Educativa porque sea una medida absolutamente necesaria e imprescindible llevarla a cabo para reorganizar la oferta pública de una zona concreta y, por supuesto, nunca mientras que se abran centros y unidades privadas concertadas en su entorno. Como tampoco aceptamos que las aulas tengan las ratios sobrepasadas, ni que los centros estén saturados esperando obras de ampliación o la construcción de nuevos centros públicos que no llegan. Y, por supuesto, no aceptamos que existan zonas donde no existan centros públicos o se plantee hacer desaparecer los que existan.



Y como los actos tienen responsables directos, exigimos que el primer paso para reconducir esta situación sea un cambio profundo en las formas de la Viceconsejería de Organización Educativa, si es necesario también en las personas que están al frente de la misma. Su forma personal de proceder, presionando de forma muy dudosamente legal a las Comunidades Educativas afectadas, se suma a que sus responsables son conocedores de que las decisiones mencionadas son contrarias a la legalidad vigente y que, de ser llevadas a los tribunales, cosa que la FAPA hará si se mantienen dichos cierres o fusiones, serán anuladas por los mismos por ser nulas de pleno derecho. Los argumentos legales, los dejamos para el momento en el que la denuncia se presente, si finalmente debemos hacerlo, algo que la Consejería puede evitar, si quiere.



Se nos ha dicho en las últimas semanas, ayer mismo por el propio Consejero de Educación, que se han revertido ya algunas decisiones que, en teoría, no eran firmes pero habían sido anunciadas, incluso por escrito. Bien está. La presión ejercida por las Comunidades Educativas de los centros que iban a ser afectados y la que hemos realizado desde la FAPA y otras entidades educativas ha surtido sus efectos, pero es triste que tengamos que seguir actuando así: anuncio, enfado de los afectados, protesta, negación de la actuación, marcha atrás en la decisión adoptada, miedo de los afectados por si vuelven a plantearlo, etc. Esta forma de funcionar debe terminar ya. Pero, si no termina, volveremos aquí e iremos a los tribunales.



Gracias a todas las personas que hoy se han concentrado aquí en defensa de una escuela pública que sigue viviendo amenazada.



¡NO AL DESMANTELAMIENTO DE LA ESCUELA PÚBLICA! ¡NO AL CIERRE DE AULAS!



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Y ahora queremos dar la palabra a todas aquellas APAS que están presentes en esta concentración y que quieren exponer cómo viven la situación en sus centros educativos.



F.A.P.A. "Francisco Giner de los Ríos"
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