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Comunicado conjunto FAPA Giner de los Ríos - ADIMAD

Comunicado conjunto FAPA Giner de los Ríos - ADIMAD

Queremos decir alto y claro que hasta aquí hemos llegado

martes, 20 de octubre de 2020

La Comunidad Educativa exige medidas urgentes para el buen funcionamiento de la Escuela Pública, dotación de recursos materiales y contratación de profesionales.
La presencialidad es la única manera de poder garanDzar la igualdad de oportunidades.

 

La Comunidad Educativa exigimos a la Comunidad de Madrid la adopción de medidas urgentes para garantizar el buen funcionamiento de la Escuela Pública, pilar fundamental de nuestra sociedad junto a Sanidad. Tanto Educación como Sanidad son intocables y nunca debe cuestionarse la inversión en la misma. Los servicios públicos son las herramientas que tiene la sociedad para poder garantizar la igualdad de oportunidades y no dejar a nadie atrás. La falta de planificación y previsión, la improvisación y la toma de decisiones por parte de la Administración de manera unilateral, han sido las características que han definido la línea de trabajo de la Consejería de Educación.

Queremos decir alto y claro que hasta aquí hemos llegado. La Escuela Pública es la escuela que garantiza una formación integral del alumnado, es la escuela democrática, participativa y transparente. Los centros educativos públicos son el lugar donde los niños, las niñas y los adolescentes madrileños pueden gozar de un espacio de libertad y seguridad y la Administración es la responsable de garantizar que lleguen los recursos a tiempo y que la oferta en todos y cada uno de ellos sea excelente.

En pocos meses hemos sido testigos de un giro completo de nuestro sistema educativo, una pandemia mundial que ha afectado a nuestras vidas de lleno y que nos ha obligado a reinventar una escuela que no estaba preparada para este cambio. Gracias al trabajo de la Comunidad Educativa, familias, alumnado y docentes, hemos conseguido que la escuela funcione en la medida de nuestras posibilidades y que se adapte a la nueva situación, a pesar de la inacción de la Administración regional.

Tanto las familias como las direcciones de los centros hemos trasladado a la Consejería de Educación, en el tercer trimestre del curso pasado, las cuestiones que considerábamos fundamentales para un correcto funcionamiento del presente curso. Entre ellas cabe destacar la disminución de ratios o número de alumnos/as por aula, el incremento de la contratación de profesionales, tanto docentes como no docentes, para atender el aumento de grupos y las sustituciones que ya intuíamos que serían elevadas, dotaciones e infraestructuras, dispositivos informáticos, conexiones a internet, wifi… La ampliación de los contratos de limpieza y dotación de medios higiénicotisanitarios para la Comunidad Educativa. Hicimos especial hincapié en solicitar la figura de enfermería en cada centro educativo o, al menos, la atención de personal sanitario de los centros de atención primaria a los centros educativos de su zona.
En julio la Consejería de Educación adoptó algunas medidas que iban en el sentido contrario, como mantener en todos los cursos la ratio de los últimos años (por ejemplo 30ti33 alumnos en ESO y 35ti37 en Bachillerato) y mantener la dotación de profesorado para los grupos de los centros llegando incluso a producirse una ligera reducción en algunas zonas. No se asignaron nuevas dotaciones informáticas, ni mejoras en las conexiones ni redes de internet.

Se aprobaron también 4 posibles escenarios para el curso 2020ti2021: el primero, con el que se iniciaría el curso, con una presencialidad en la práctica del 100%, el segundo de semipresencialidad entre el 30 y el 50%, el tercero de actividades lectivas online y el cuarto de normalidad, una vez superado el coronavirus. Finalmente se anunció que el responsable COVID de los centros educativos sería un miembro del equipo directivo. La Comunidad Educativa manifestó ya entonces su perpejlidad y rechazo ante esta planificación que no aseguraba un funcionamiento correcto del curso actual. Pero, según se nos decía entonces, no había recursos para atender todas las necesidades.

El 26 de agosto la Consejería de Educación anunció nuevas medidas, publicadas en el BOCM el día 29: los cursos de 1º y 2º de la ESO tendrían como máximo 23 alumnos por clase y era preciso desdoblar estos grupos y disponer de nuevas aulas para ellos, recurriendo, si fuese preciso, a espacios municipales o aulas prefabricadas. El resto de los grupos, los comprendidos de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato, tendrían clases presenciales entre un 30% y un 50% del horario y el resto online. Se anunció la contratación de 10.000 profesionales y se especificó que el contacto de los centros educativos y en concreto, del responsable COVID, sería la Dirección General de Salud Pública, a quien habría que comunicar los casos que se produjesen y quien debía indicar las actuaciones que deberían llevarse a cabo. Y de nuevo, negando la realidad, se nos decía que todas estas medidas eran las previstas en julio en la planificación del curso.

En la actualidad nos encontramos con un protocolo COVIDti19 ineficaz, no existe coordinación entre las Consejerías de Educación y Sanidad. La Dirección General de Salud Pública puso a disposición de los centros unos números de teléfono que comunican constantemente y que no atienden correctamente. Recientemente se han habilitado nuevos teléfonos pero la atención se reduce a repetir amablemente el protocolo sanitario del que ya disponen los centros. Igual sucede con el correo electrónico cuya respuesta tarda en llegar al menos 5 ó 6 días después de haber enviado la consulta, algo absolutamente inadmisible, ya que sin un protocolo claro y una comunicación fluida es imposible gestionar las actuaciones a realizar, teniendo en cuenta que además, en casi la totalidad de los centros educativos la figura de coordinador COVID la tiene que cubrir la dirección del centro, un profesional de la educación y no de sanidad, con todas las complicaciones y responsabilidad que supone además de impedir que pueda dedicar su tiempo a atender al alumnado.

Delegar en la “autonomía de los centros”, cuando no se sabe qué hacer, consideramos que es una dejación de funciones por parte de la Administración. En los momentos de crisis es imprescindible que los responsables sean resolutivos y den soluciones, mirar hacia otro lado y pasar la responsabilidad a otros denota una falta de profesionalidad e implicación notorias. Por cierto, de los 130 profesionales de enfermería anunciados tan sólo se han contratado a 3, que tengamos constancia, para toda la Comunidad de Madrid.

Es importante resaltar que las familias comunican, por término medio, entre 3 y 4 contactos positivos al día pero el protocolo de secundaria establece que no hay contactos estrechos, por lo que no se están confinando aulas en las que un alumno es positivo. Tampoco se están haciendo PCR a los contactos directos de los casos positivos, como afirmó la Presidenta de la Comunidad de Madrid, salvo que presenten síntomas, obviando a los casos asintomáticos. Y los docentes deben contactar con Riesgos Laborales, pero no existe un departamento específico para educación por lo que no obtienen respuesta…

Denunciamos también la falta de docentes. Según los datos aportados por los propios centros aún no se ha asignado el 8% del profesorado, más de 1000 profesores. Esto supone que a día de hoy hay muchos alumnos que no conocen a sus profesores y que no han recibido ni una sola clase lectiva de esas materias. Es completamente inadmisible, y más en la situación por la que estamos atravesando. Además, la Consejería no está cubriendo las sustituciones del profesorado que, solo como consecuencia del coronavirus, son de 4 ó 5 profesores diariamente. Como consecuencia, se está produciendo una pérdida muy importante de clases y horas lectivas que suponen un grave perjuicio para el alumnado y el funcionamiento de los centros educativos. Si, como afirma la Consejería, esta situación no es consecuencia de la falta de previsión y las medidas medidas adoptadas unos días antes de comenzar el curso ya estaban planificadas, no estamos hablando de improvisación sino de incapacidad y mala gestión.

Es necesario garantizar el servicio del comedor escolar. Consideramos que es un servicio esencial del cual dependen muchos niños y niñas como única fuente de alimentación completa diaria. Dotar a los centros escolares de las cuannas económicas necesarias y los recursos e instrucciones adecuadas es fundamental para poder dar un servicio de calidad, la brecha social ha ido creciendo exponencialmente y en Madrid hay familias que están pasando hambre, es responsabilidad de la Administración velar y proteger a todos los menores que estén en estas circunstancias garantizando que se realiza en unas condiciones dignas. No entendemos que, por ejemplo, las familias perceptoras de la Renta Mínima Vital no estén contempladas para recibir el precio reducido de comedor o que gran parte del alumnado de secundaria, por la falta de comedores escolares en sus centros, pierdan el derecho a una alimentación diaria porque no haya legislación sobre estas situaciones.

Consideramos urgente la revisión de las rutas escolares y su incremento para poder garantizar un transporte escolar seguro, ya que la ocupación de las plazas se está realizando al 100% y esto supone una disposición en la cual no se respeta ni los grupos burbuja, ni grupos estables, ni distanciamiento interpersonal, suponiendo un riesgo para la salud.

Necesitamos un Plan de Salud Ambiental Escolar, cuidar de las infraestructuras de los centros educativos, los espacios, la temperatura, los materiales de construcción, la luz… los alumnos pasan un porcentaje muy elevado de su vida en la etapa escolar amparados por estas construcciones y de ella depende gran parte de su salud. Edificaciones dignas y eficientes, grandes ventanales para poder ventilar y facilitar la entrada de luz natural, patios con sombras, zonas verdes, huertos escolares…no es una utopía, debe ser una realidad.

La presencialidad es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado, por lo tanto hay que garantizar las medidas higiénicotisanitarias en todas las etapas. La semipresencialidad en las etapas obligatorias está generando un agravio comparativo con el resto de alumnado. No existe una atención educativa de calidad asociada a la  semipresencialidad ya que no hay recursos suficientes, ni materiales ni humanos, ni instrucciones claras y unitarias para todos los centros que en la inmensa mayoría no tienen redes ni conectiidad a internet que permitan mantener clases en streaming para atender al mismo tiempo a los alumnos del grupo que están en el centro y a los que están en sus casas. Y mientras seguimos esperando los 70.000 dispositivos informáticos, las 6000 cámaras y las mejoras en las conexiones a internet de los centros. Nos crea especial preocupación el alumnado de la Formación Profesional Básica, la educación presencial es imprescindible con este perfil de alumnado, es necesaria una atención minuciosa e individualizada ya que son chicos y chicas que tienden al absentismo escolar, la atención diaria supone, en la mayoría delos casos, el referente en sus vidas, el lugar donde se les ofrece seguridad y acceso a la formación para poder forjarse un futuro.

Sin embargo, la Consejería de Educación, por medio de un correo electrónico a los directores de los centros, ha permitido la presencialidad del 100% en los grupos de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato si guardan la distancia de 1,5 metros. En la mayoría de los centros públicos, no hay espacios disponibles ni la administración ha realizado obras que permitan una presencialidad del 100% de los alumnos. Tampoco se plantearon otras medidas: turno de tarde para alumnado de Bachillerato en grupos de 15 para guardar distancia de 1,5 metros. Y mas profesores para ello. Como resultado los alumnos y las familias de la mayoría de los centros de titularidad pública se están viendo discriminados frente a los alumnos y familias de centros de otra titularidad donde los propietarios de los centros sí han efectuado esas obras y pueden recibir una enseñanza por completo presencial.

La inclusión es un derecho, no un privilegio, la inversión es incuestionable. El sistema
educativo debe adaptarse al alumnado y no al contrario. El profesorado para atención a la diversidad: PTSC (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad), profesorado de Compensación Educativa, PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje), Equipos de Orientación…son profesionales esenciales en los centros educativos, imprescindibles para un correcto funcionamiento y atención educativa de calidad. Todos los centros públicos deben tener cubiertas, desde el primer día, todas sus demandas.
La Comunidad Educativa damos un golpe sobre la mesa, alzamos la voz y pedimos respeto.

Necesitamos políticos a la altura y pedimos que se aparquen las políticas partidistas para poder avanzar. No queremos seguir oyendo reproches, descalificaciones y discursos huecos; exigimos diálogo y participación real y efectiva de la Comunidad Educativa. Es necesario y urgente que la Consejería de Educación trabaje de manera conjunta con los que realmente conocemos la realidad de los centros educativos.

No podemos esperar más, es preciso garantizar el derecho de los de los alumnos, sus
familias y el profesorado a una educación pública digna y de calidad. Exigimos la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios de manera inmediata para la Escuela Pública, el futuro de nuestra sociedad depende de ello. Invertir en educación y sanidad es invertir en futuro. La Comunidad Educativa lo tenemos claro ¿y ustedes?


Madrid, 20 de octubre de 2020

 

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