Entre el miedo y la confianza: el futuro de la educación madrileña

Fuente: Asamblea de Madrid

María Pastor Valdés

Portavoz Adjunta de Educación de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

La educación madrileña vive momentos intensos este comienzo de curso. Mientras la comunidad universitaria se moviliza ante la asfixia económica impuesta por Ayuso a la universidad pública, la etapa no universitaria intenta desarrollar su labor entre una falta importante de recursos y la puesta en marcha de las novedades anunciadas hace unos meses:   La limitación del uso de pantallas electrónicas como herramienta pedagógica en las aulas y la incorporación de 1º de ESO en colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP).  Ambas medidas se han estrenado este curso con más dudas que certezas, sin un debate previo con la comunidad educativa, sin informes que las respalden y con una duda que a día de hoy no ha sido resuelta: ¿mejorará la calidad educativa con estas medidas?

Hoy analizamos la incorporación de 1º de ESO en 49 CEIP en la Comunidad de Madrid, una medida anómala a nivel nacional, que rompe la etapa de secundaria por primera vez en más de 20 años y que se ha puesto en marcha sin una normativa que la regule. Cuesta imaginar que una medida improvisada, sin presupuesto ni informes que lo respalden vaya a mejorar la calidad educativa de nuestra región. Si lo que se pretende es mejorar la educación y proteger a los jóvenes, ¿sirven ocurrencias? Lo que necesitamos son más recursos, comedor universal y gratuito hasta los 16 años y medidas eficaces de apoyo y conciliación para las familias, pero sobre medidas o necesidades, volveremos más adelante.

Durante los meses posteriores al anuncio de la creación de los pseudo-CEIPSOS (centros de infantil, primaria pero únicamente 2 cursos de secundaria) intentamos conocer tanto las previsiones económicas de la Consejería (es decir, cuánto estimaban que iban a costar las obras en los centros y cuál sería el coste del personal destinado a los mismos) como los planes concretos para implementar la medida, de forma que pudiéramos analizar el impacto que iba a tener en la calidad educativa. A pesar de las peticiones de información, las preguntas al gobierno e, incluso, la comparecencia del Viceconsejero Fernández Borreguero en la comisión de educación, la información ha sido escasa.

Y a día de hoy, seguimos sin conocer el coste ni información detallada sobre la puesta en marcha que implica ya a 1500 niños y niñas: ¿Cuántos docentes hay a media jornada o compartidos en varios centros? ¿Continuarán el próximo curso? ¿Cuántos imparten materias que no son su especialidad? ¿Qué número de PT y AL se han incorporado? ¿Cómo se va a garantizar la continuidad de la etapa de secundaria? Demasiadas preguntas que siguen sin respuesta, demasiada opacidad para una medida que requiere de transparencia y diálogo.

Por momentos nos ha recordado a la implantación del programa bilingüe hace más de 20 años: una política educativa puesta en marcha sin proyecto piloto ni informes y que, sin embargo, tuvo un apoyo social inicial porque supo dar respuesta a la aspiración de las familias madrileñas de que sus hijos supieran hablar inglés.

Si en su momento la posibilidad de que sus hijos fueran bilingües convenció a las familias, ¿a qué inquietud de las familias está dando respuesta esta medida para que cuente con el sentir favorable de una parte a pesar de la falta de información y evidencia?

Cualquiera que se relacione con familias cuyos hijos estudien en 5º o 6º de primaria conoce algunas de las inquietudes que se viven en los años previos al paso al instituto. La incertidumbre ante los cambios existe siempre pero, con el cambio de etapa, las familias y los niños y niñas experimentan retos importantes ante los que las administraciones no siempre han sabido dar respuesta.

Uno de los cambios principales tiene que ver con los horarios y la conciliación familiar. Mientras que en el colegio existe la posibilidad de comer en el comedor y hay una oferta de extraescolares que permiten a las familias adaptar los horarios a sus circunstancias personales y/o laborales (previo pago, eso sí), la mayoría de los institutos tienen una oferta limitada que no incluye el comedor escolar. Esta falta de infraestructuras/oferta hace que el alumnado termine las clases a partir de las 14h/15h sin comer y, lo que es peor, sin alternativa para que puedan hacerlo en el centro.

Algunos institutos habilitan un aula con microondas para calentar el tupper y otros ofrecen bocadillos en la cafetería, pero cuando sus hijos e hijas cumplen 12 años y comienzan la secundaria, muchas familias se enfrentan a una nueva realidad: gestionar la comida a diario y adaptarse a horarios que a menudo implican que salgan muy temprano o pasen demasiado tiempo solos en casa. Cambios que generan angustia en muchas familias y de la que el Partido Popular no se ha hecho cargo.

Al contrario, ha contribuido a aumentar dicha angustia. Quienes ahora dicen querer proteger a la infancia son los mismos que han desarrollado un modelo en el que se limitaba la existencia del comedor escolar en institutos (sólo lo tienen el 5%) mientras la mayoría de los centros concertados ofertaban comedor en la etapa de secundaria. O lo que es lo mismo, el Partido Popular ha permitido durante décadas que la única manera de que tu hijo pudiera comer en el cole a partir de los 12 años fuera yendo a la concertada y pagando las cuotas “voluntarias”. Curiosa forma de proteger a la infancia.

Pero hay algo más que una respuesta a la conciliación de las familias.

El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha reiterado en varias ocasiones que esta medida “pretende salvar a los niños”. Pero ¿salvarlos de qué exactamente? ¿De los institutos, de la convivencia con adolescentes mayores, de enfrentarte a una etapa fundamental que forma parte del propio proceso, no ya educativo, sino vital? Dice “salvar” pero detrás sólo está la política del miedo.  Evoca un miedo a la adolescencia, a los cambios, a la convivencia entre iguales, a los retos del presente.  Lejos de afrontar los desafíos educativos como oportunidades para fortalecer y mejorar nuestra educación (más recursos, más formación o avanzar en una mayor individualización), Ayuso ha decidido apostar por replegarse, por defender una idea protectora y nostálgica de la educación y la adolescencia, como si mantener a los niños dos años más en su colegio fuera una barrera frente a los problemas del mundo real. O, en todo caso, un botón de pausa para posponer retos pendientes como acompañar la transición de autonomía que suponía 1º de ESO.

Sin embargo, en dos años muchos de los problemas seguirán allí porque no hay medida cosmética suficiente que pueda proteger a la infancia del verdadero riesgo que afronta: las políticas del Partido Popular. Después de 30 años de gobiernos de derecha, el 30% de los niños y niñas madrileños está en riesgo de pobreza y la crisis de la vivienda expulsa a familias enteras de sus barrios y sus ciudades, precarizando sus condiciones de vida. Y el sistema educativo, el que debería compensar algunas de esas desigualdades, sufre desde hace años un fuerte maltrato: estamos a la cola en inversión por alumno en toda España (y es, además, la región donde las familias más gastan en educación), faltan plantillas y las que hay sufren una enorme precariedad, la inclusión está herida, la etapa 0-3 abandonada, y los colegios e institutos padecen una falta de inversión histórica.

Si Ayuso quiere salvar a los niños y niñas de algo, que empiece a salvarlos de sus políticas. Y para ello, lo mejor que podría hacer es invertir en educación pública y abandonar el miedo como política educativa.  Una educación que quiere afrontar el presente para liderar el futuro no puede vivir mirando al pasado. Flaco favor le hace a la educación, pero sobre todo, a los jóvenes madrileños, si la política educativa se basa más en la nostalgia que en la inversión, la evidencia científica y la empatía.

Asumamos que vivimos en un entorno de cambio acelerado y exijamos que las administraciones públicas acompañen a los colegios e institutos para poder adaptarse con éxito. El camino no es desconfiar del sistema educativo y del rol de los institutos; al contrario, debemos defender su labor y garantizar que cuentan con los recursos suficientes para afrontar los retos presentes y futuros, dando certezas y seguridad a familias y docentes.

Los centros educativos deben ser lugares donde las familias y el alumnado se sientan acogidos, seguros y orgullosos de formar parte de una comunidad que educa, acompaña y cuida. La verdadera seguridad está en construir centros en los que la comunidad educativa quiera estar y pueda desarrollarse plenamente, y para eso necesitamos inversión y un gobierno a la altura.

Desde Más Madrid llevamos años trabajando y apostando por una educación con una inversión suficiente y digna, que garantice las oportunidades y que amplíe derechos para la infancia.

• Más inversión para aumentar los profes y que tengan más tiempo para poder hacer bien su trabajo, acompañando individualizadamente a nuestros hijos e hijas. 
• Más recursos para apostar por la convivencia, para garantizar la inclusión y para abordar y proteger la salud mental.
• Más derechos apostando por comedor escolar universal y gratuito hasta los 16 años, construyendo infraestructuras allá donde sea posible y garantizando el uso de instalaciones de centros cercanos. Y para ello hemos registrado una Ley en la asamblea que convierta el comedor escolar en un derecho de infancia.

Pero no sólo queremos acompañar y dotar de más recursos a los institutos, también queremos asegurarnos de que esta medida no repita errores del pasado. Ya vivimos cómo el programa bilingüe se implantó sin una planificación suficiente y acabó generando desigualdades y pérdida de calidad en la educación madrileña. No podemos permitirnos que vuelva a suceder.

Seguiremos muy de cerca este proyecto, exigiendo condiciones estables en los centros educativos, apoyos suficientes para atender a la diversidad, y la presencia de docentes de referencia que acompañen al alumnado durante esos dos años. Asimismo exigiremos una evaluación rigurosa e independiente que analice de forma trimestral y anual dicho proyecto y cuyos resultados se vinculen con el proyecto.

Lo que está en juego no es solo la organización de las etapas, sino el modelo educativo que queremos para Madrid: una educación pública fuerte, con recursos, que garantice la igualdad de oportunidades y acompañe a cada alumno/a en su desarrollo. Frente al miedo, la precariedad y la improvisación, defendamos la confianza, la inversión y la planificación. Las familias no piden milagros, piden certezas, y queremos dárselas.

Desde Más Madrid seguiremos trabajando por una educación pública que crea en su gente: en sus profes, en su alumnado y en las familias que cada día sostienen los centros. Creemos en una educación que inspire y acompañe, que mire al futuro sin miedo y que convierta cada aula en un lugar de oportunidades. Una educación que invierta en lo que de verdad importa: las personas.

El futuro de Madrid se escribe en sus aulas y solo será posible si lo construimos juntas y sin dejarnos a nadie atrás. Con la certeza, pero también con la responsabilidad, de saber que una educación pública fuerte, cuidada y querida es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos e hijas.