La estafa de los falsos CEIPSO

   Fuente: PSOE-M

Ana Sibert Blanco

Maestra en un CEIPSO y secretaria de Educación y Formación Profesional de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-Madrid

Hace poco más de un año, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba que empezaría a impartirse 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 52 centros educativos de Infantil y Primaria a partir de este curso 2025/2026. La medida se vinculó al mantenimiento de la jornada partida en esos centros y el acceso al comedor escolar para el alumnado afectado de 1º y 2º de ESO. También se esgrimieron argumentos como el peligro de caer en bandas o en adicciones si el alumnado pasaba al instituto a cursar la etapa educativa Secundaria Obligatoria, como les correspondía.

Como docente, trabajadora de un Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (CEIPSO) desde hace 19 cursos, procuraré aportar datos y cuestiones que puedan aclarar un poco este debate. Para entender mejor la diferencia entre mi centro de trabajo (que tiene hasta el curso de 4º de la ESO) y la nueva medida de instalar 1º y 2º de la ESO en los colegios, me referiré a ésta como “falsos CEIPSO”, pues no tienen catalogación definida ni amparo legal que los sustente.

El primer dato -una vez iniciado el curso 25/26- es que los centros educativos afectados han sido 49. Hubo 3 colegios, de los 52 inicialmente seleccionados, que se plantearon preguntas sobre la calidad educativa que se iba a ofrecer a su alumnado y su reflexión colectiva los llevó a bajarse del proyecto.

Sin embargo, a primera vista parece que la medida tuvo aceptación entre las familias, al menos hasta que se rasca un poco en las consecuencias que puede tener para el alumnado, sus hijos e hijas, que es donde hay que poner el foco.

¿Por qué razones no se mantendría la calidad educativa que se puede ofrecer en cualquier instituto público de nuestra región, sin mover a nuestros jóvenes de sus colegios? Existen razones organizativas, razones pedagógicas y razones materiales.

Respecto a las razones organizativas, la Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa compuesta por 4 cursos independientes, sin ciclos. Esos cursos no se pueden impartir por separado, según lo expresa el RD 132/2010, de requisitos mínimos, que dice en su Título IV, De los centros de Educación Secundaria, artículo 13.2, que “En los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor.”

El gobierno de la Comunidad de Madrid no ha puesto por escrito en ningún sitio -más allá del discurso de la Presidenta Díaz Ayuso que se facilitó a los medios en septiembre del 24 y de una nota de prensa posterior- que los colegios elegidos solamente van a impartir 1º y 2º de la ESO. Es decir, la Comunidad de Madrid no ha puesto por escrito que se salta la Ley. Ha optado por omitir información. Para burlar la normativa vigente, la Comunidad de Madrid sacó una Orden autorizando a impartir la ESO en los 52 centros y habla de Educación Secundaria, en general. No especifica nada con respecto a la fragmentación de la etapa, porque no podría hacerlo de manera legal. Sacó la misma normativa que se ha estado utilizando en los últimos 19 años para amparar los CEIPSO completos que existen en nuestra región.

El segundo dato es que sólo un tercio de los 52 colegios escogidos tiene jornada partida. Este dato conlleva que la Comunidad de Madrid dejó de exigir ese requisito y, por otro lado, que el acceso a comedor para el alumnado afectado ya no resultaba tan ventajoso como querían vender en un principio, pues muchos de los alumnos se marchan a casa sin utilizar el servicio, máxime cuando las becas de comedor tienen cada año menos cobertura para ellos.

El tercer dato es la falta de datos. No se ha aclarado el apoyo expreso de los Consejos Escolares de esos centros a la implantación de la medida, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho público qué centros educativos la han votado y apoyado siguiendo el procedimiento democrático de su aprobación en este órgano de participación.

Otro punto en contra de estos falsos CEIPSO es la falta de unidad de un Proyecto Educativo que vehicule de manera coordinada y coherente tanto la cohesión como el seguimiento de la formación integral del alumnado a lo largo de la etapa, entre los cursos que permanecerán en sus colegios y los que continuarán en el instituto al que se marchen en 3º de la ESO. No existe coordinación con el instituto al que irán. No lo exige la CAM. Así de sencillo y así de increíble.

En la nota de prensa-resumen de estos 2 años de legislatura, la Comunidad de Madrid afirmaba que los alumnos podrán hacer 1º y 2º en su colegio “antes de tener que cambiarse a un instituto, ya con 14 años, para cursar 3º y 4º de la ESO”. Por otro lado, en ningún documento ni declaración se garantiza la plaza para acceder al instituto de referencia que sí tenían garantizada al pasar de 6º de Primaria a cursar la ESO en su instituto de referencia.

¿Pero esta medida organizativa existe en otras regiones de España? Sí. La diferencia es que se da en pequeños núcleos rurales de población, de manera excepcional y coordinada con el instituto de referencia. En Madrid, la inmensa mayoría de los 52 centros educativos seleccionados se ubican en grandes núcleos de población, casualmente con un instituto muy cerca. La inmensa mayoría significa que sólo 3 centros (Villamanta, Perales de Tajuña y Navacerrada) están en municipios pequeños, de unos 3.000 habitantes. Y Navacerrada renunció al proyecto antes de iniciarlo.

¿Qué ventajas tiene quedarse en sus colegios haciendo estos “cursos sueltos” de la ESO teniendo un instituto cerca? Para el alumnado, yo no la veo. Para la Comunidad de Madrid, el ahorro de millones de €uros en inversiones que hacen falta. Evitar la construcción de los nuevos institutos públicos que se necesitan de acuerdo con el crecimiento de la población sólo favorece la marcha del alumnado a la educación concertada y privada y la merma de la calidad educativa para el alumnado que permanece en esos colegios “ampliados”, aparte de que supone una irresponsabilidad por parte de la administración que tiene las competencias en Educación transferidas a su cargo desde hace décadas.

Bueno, pero están en su colegio y con sus profes de siempre, ¿no? Pues vamos con las razones pedagógicas que no respaldan el planteamiento de los falsos CEIPSO.

Durante el verano de 2025, se realizaron nombramientos de los nuevos profesores que ejercerían como jefes de estudios de Educación Secundaria Obligatoria para los 52 centros educativos seleccionados. Profesorado nuevo, como nuevos son también todos los profesores del resto de las asignaturas a impartir. También nuevas son las distribuciones horarias de clases y de recreos, e incluso de comedor escolar en caso de existir y utilizar el servicio, haciendo complicado coincidir en tiempos y espacios con sus antiguos maestros. Pero es que estas plazas ni siquiera son plazas para profesorado fijo, sino creadas en comisión de servicios. Por este motivo, el profesorado que accede a trabajar en estos falsos CEIPSO son los profesores de la lista de interinos que aceptan estar compartiendo destino e impartiendo clases en varios centros a la vez durante cada curso. El hecho de tener solamente el curso de 1º de ESO este año hace que los profesores no puedan tener un horario completo en un centro, por lo que se ven obligados a estar compartidos con otros centros o incluso itinerando, es decir, desplazándose a varios centros educativos durante la misma jornada escolar. Estas condiciones laborales no favorecen la conciliación laboral y familiar de ese profesorado ni, obviamente, su estabilidad laboral. La consecuencia de este planteamiento es que veremos cada curso cómo van cambiando los profesores asignados a estos falsos CEIPSO buscando, lógicamente, mejores condiciones laborales.

En algunos casos, la nueva experiencia está haciendo que el profesorado asignado a estos nuevos falsos CEIPSO imparta clases “por afinidad”. Esto significa que dan clases de asignaturas que no son su propia especialidad, pero para las que la jefatura de estudios del centro les considere capacitados. Así rellenan horarios. En definitiva, en lugar de tener profesorado especializado en cada asignatura -como correspondería a la etapa secundaria obligatoria que están estudiando- se hacen estos “apaños” que no garantizan la calidad educativa que todas las familias y el profesorado queremos para nuestros jóvenes madrileños.

¿Y cuánto nos importa el aspecto emocional de nuestros hijos y de nuestros alumnos? Mucho, ¿no? En los últimos años, los medios de comunicación y las familias hablamos con tristeza cada vez más sobre temas como la anorexia o la bulimia, el bullying, el ciberacoso, los intentos de suicidio… La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa muy sensible a esta problemática. Por ello, en los institutos existen orientadores y otro personal específico cualificado para la atención de estos aspectos, además de la experiencia del profesorado fijo y estable de los institutos, habituado a trabajar en esta etapa y que cuenta con nutrida experiencia profesional para abordar los problemas.

No es así en los colegios de Infantil y Primaria. Los CEIP vemos cómo van mermando los recursos relacionados con la atención a la diversidad y también a estos problemas, que no son tan habituales en la etapa Primaria (hasta los 12 años), así como vemos frecuentemente compartidos a estos profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica entre varios colegios.

Siguiendo con la exposición de razones, me gustaría poner de manifiesto las razones materiales. La ley exige que la Educación Secundaria Obligatoria disponga de ciertas instalaciones y condiciones materiales que no se están exigiendo ni construyendo en estos centros de nueva creación. No se trata de tener alguna de ellas. Se trata de cumplir la Ley y tener todas. Por ejemplo, los centros educativos que impartan la ESO deberían disponer de aulas con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar; un gimnasio y un aula taller para tecnologías; aula de música y de educación plástica y visual, respectivamente; un laboratorio de Ciencias Experimentales o espacios para desdoblamientos de grupos y para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico.

La Comunidad de Madrid afirmaba el pasado verano que se estaban “adaptando sus instalaciones con la colaboración de los Ayuntamientos”.

La realidad es que: 1) no había tantos espacios disponibles en los centros seleccionados y no se están cumpliendo las condiciones exigidas por la ley en la mayoría de los casos, y 2) los nuevos presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 no contemplan las dotaciones necesarias y se les está diciendo a los ayuntamientos que, si se acogen a la medida de los falsos CEIPSO para el próximo curso, van a tener que financiar con sus recursos la construcción de estas instalaciones.

Llegados a este punto y desde el prisma de cierto conocimiento de la situación económica de los municipios, afirmaría que no hay ni medios económicos ni espacios suficientes para albergar de forma adecuada los cursos de 1º y 2º de la ESO en la mayoría los colegios de la Comunidad de Madrid.

Y me pregunto y traslado la pregunta al lector de estas líneas: ¿volvería a utilizar el coche que tenía hace 30 años? Sin aire acondicionado, sin elevalunas eléctrico, sin asistencia para aparcar ni airbag de seguridad… Yo no. ¿Le gustaría recuperar su móvil de hace 30 años? ¿Aquellos “ladrillos” con los que solamente se podía hablar por teléfono o enviar algún SMS como mucho? Yo no.

¿Quiere para su hijo la calidad educativa de hace 30 años, la vuelta a la EGB? ¿O estamos aspirando a una formación integral, adaptada a nuestros tiempos y anticipando la preparación para el futuro? ¿Queremos alumnos competentes y capacitados para vivir y trabajar en la sociedad del siglo XXI?

Sólo este curso 25/26, los falsos CEIPSO van a afectar a cerca de 3.000 alumnos en nuestra región y más de 100 aulas de 6º que han pasado a 1º de la ESO. ¿A quién le importan esos niños y niñas? La merma en la calidad educativa que les están ofreciendo en solamente este curso puede ser muy lesiva de cara a recuperar su nivel académico. El precio que pagar es la falsa tranquilidad de las familias, para que sus hijos sigan en el colegio de siempre y no caigan en bandas y en las drogas.

¿Es que nuestros hijos que han pasado por el instituto cursando la ESO han caído en las bandas y en las drogas? ¿Es que no estamos formando personas con espíritu crítico, capaces de enfrentarse a la vida adulta de forma autónoma? ¿Es que no tenemos profesorado de calidad en los institutos públicos de la Comunidad de Madrid?

Tengo muy claro que la lucha que afrontamos con este asunto no es nada partidista, sino por la calidad educativa de los niños y niñas de esta Región. No es responsable esperar al destrozo y a que dentro de dos años la Comunidad de Madrid cumpla lo que dicen sus notas de prensa y sus discursos y no implante 3º de la ESO en esos centros. Y luego no valdrá echarse las manos a la cabeza ni decir que ya lo advertimos. Lo que no quiero para mis hijos no lo querría para los hijos de nadie.

Personas y entidades de la talla de Alejandro Tiana, Pedro Uruñuela, Luz Martínez Seijo o el Ateneo de Madrid llevan más de un año denunciando la situación en redes sociales, actos públicos o columnas de opinión en prensa. El propio portavoz de Educación del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez, ha formulado un listado de predicciones derivadas de esta medida que se han ido cumpliendo punto por punto según se va implantando el curso de 1º de la ESO en esos centros.

En los últimos 30 años, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha enfocado sus medidas educativas en un aparente favor hacia las familias. Más allá de lo falaz de este debate de los falsos CEIPSO, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid es gestionar adecuadamente el dinero de los impuestos de todos los madrileños para generar servicios públicos de calidad. Y eso pasa también por la responsabilidad de construir y sostener los centros educativos públicos que sean necesarios, de acuerdo con el crecimiento de la población y la demanda de estos servicios públicos. Las competencias en educación corresponden a la Comunidad de Madrid. Las familias no son el objeto de la educación, sino sus hijos. Y NO HAY DUDA de que las familias, cada familia, quiere la mejor calidad educativa para sus hijos. Pues la obligación de la Comunidad de Madrid es ofrecérsela. Sin discusión.

No hablamos de papeles. Estamos hablando de niños. Estamos hablando del futuro de nuestra región y de nuestro país.