Conclusiones

No es una novedad constatar que no se cumple el mandato constitucional de gratuidad de la enseñanza básica obligatoria. Pero sí es importante poner cifras a ese incumplimiento. Sirva el resultado de esta encuesta para hacer esa función, aunque de forma simplemente aproximada, que era el objetivo de ésta.

            Cada año la Administración pública tiene que funcionar con los presupuestos generales para la Comunidad de Madrid, ya sean aprobados en el año anterior o prorrogados del último ejercicio en el que se consiguieran aprobar. Y vengan estos como fruto de mayorías absolutas o de acuerdos entre varias formaciones, hasta la fecha el panorama no ha cambiado en cuanto a este incumplimiento, por lo que ello es consecuencia de una falta de voluntad política, máxime si tenemos en cuenta que es una situación que no obedece al interior de unas fronteras autonómicas concretas, si bien se nota más en unos territorios que en otros.

            Para poner un poco en contexto el esfuerzo que deja de hacer, en el caso que nos ocupa, la Administración pública madrileña, y sin necesidad de poner el foco en otros centros que los que ésta gestiona de forma directa, los públicos, las cantidades antes expresadas suman en estos un aproximado de 50 millones de euros (teniendo en cuenta el valor moda). El presupuesto que ahora se está tramitando en la Asamblea de Madrid para el año 2026, plantea invertir en Educación[1] un total de 6.959 millones de euros. Es decir, que la cantidad que supondría eliminar esos costes a las familias supone el 0,72% del presupuesto dedicado a Educación, que es un porcentaje más que asumible. 

              Por otra parte, no se debe olvidar que, en costes que son aproximadamente iguales con independencia del nivel socioeconómico de cada familia, la existencia de estos supone otra vulneración de un mandato constitucional, el recogido en el artículo 31, que establece que todas las ciudadanas y ciudadanos deben contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Y esta vulneración es así porque no afrontar como Administración pública los gastos de una enseñanza obligatoria que debe ser gratuita, financiada por tanto exclusivamente con los fondos públicos obtenidos de lo impuestos que cada persona abona, en teoría, en función de su capacidad económica, y en cambio derivar estos a pagos directos por parte de las ciudadanas y ciudadanos, hace que contribuyan con las mismas cantidades personas cuyas situaciones económicas no son iguales. La equidad en este terreno económico no es aportar lo mismo, sino aportar en función de lo que realmente tienes.

              Finalmente, debe asumirse que no será suficiente con aportar los fondos públicos necesarios, sino que deberán tomarse acciones decididas para cambiar la mala praxis de los responsables de estos incumplimientos, empezando por la propia Administración educativa, sin cuyo dejar hacer no seguiríamos en esta situación medio siglo después de que fuera aprobada nuestra Carta Magna.